Los resultados electorales en Argentina en 2019 reflejaron el debilitamiento de las expectativas económicas generadas por el gobierno de Mauricio Macri. Aunque el entonces mandatario heredó una economía con complicaciones, durante los cuatro años de gobierno no logró reacomodar los indicadores micro y macroeconómicos, al menos dentro de lo esperado por los agentes económicos y la población en general. Alberto Fernández recibió una Argentina con urgentes problemas que deben empezar a ser resueltos de forma inmediata. Tal es así que el Producto Interno Bruto cayó 11% desde el primer trimestre de 2018 hasta el cierre 2019, de acuerdo a datos oficiales.

La pobreza afecta a 35,4% de la población argentina y la tasa de desempleo al 10,6% de ella. En forma similar, la inflación viene creciendo de forma importante y las estimaciones daban cuenta de que al cierre de 2019 iba a alcanzar el registro más elevado desde 1991 (84%). De hecho, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), se ubicaría en 56,5%.

Las dudas en torno al acuerdo Stand By suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será tratado más adelante, contribuyó a disparar aún más el riesgo país, al pasar de la zona de los 450 puntos en diciembre de 2015 a superar la barrera de los 2000 puntos básicos en los últimos meses. Este hecho genera consecuencias más que importantes para un país, como la dificultad para atraer inversiones.

Argentina actualmente es considerado un Estado con pocas garantías para el cumplimiento de sus compromisos; por consiguiente, no es de esperar que los capitales se dirijan hacia allá.

En cuanto a la deuda pública, la misma creció considerablemente de 49% a 94% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) entre finales de 2015 (US$ 240.000 millones) a 2019 (US$ 314.000 millones). Especialistas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) estimaron que cerca del 50% de ese aumento se explica por la caída del PIB, el pago a los “holdouts” (fondos buitre) y la escalada del precio del dólar frente al peso argentino.

El capítulo del FMI: ¿Una crónica anunciada?

El 2018 fue para las finanzas de Argentina un año complicado. Si bien a inicio del periodo los indicadores de la actividad económica se mostraban con un importante crecimiento, la inflación se desenvolvía en forma contraria. Las presiones inflacionarias estaban vinculadas, en gran parte, a los ajustes dispuestos en tarifas de bienes y servicios regulados. Este hecho fue considerado coyuntural por las autoridades; sin embargo, la inflación continuó acelerándose, dinamizada, además, por la depreciación cambiaria.

De hecho, el tipo de cambio promedio sufrió una importante caída entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, cuando se depreció 14,3%. Con el objetivo de que el tipo de cambio no se alejara de los fundamentales que lo determinan, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó importantes intervenciones vendiendo divisas. Con esta medida, la diferencia cambiaria comenzó a retroceder. Sin embargo, decisiones externas, como las vinculadas al incremento de la tasa de política de la Reserva Federal de Estados Unidos y las complicaciones en la economía argentina, provocaron una fuerte depreciación de la moneda y una importante salida de capitales.

Con el difícil escenario económico, el gobierno de Mauricio Macri negoció un acuerdo Stand-By con el FMI por US$ 56.300 millones. El préstamo, el más elevado de la historia de la entidad, fue realizado bajo el cumplimiento de ciertas condiciones como la reducción del déficit fiscal, una inflación baja y estable, así como un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado, entre otras disposiciones. En estas condiciones se logró bajar el peso del gasto público total a 37% de 41,5% del PIB, en 2015. Además, el déficit fiscal total pasó de 6% del PIB (cerca de 8%, si se incluyen deudas y pagos del kirchnerismo) a 3,8%, según estimaciones privadas.

De los US$ 56.300 millones aprobados por el FMI, en el Gobierno anterior ya desembolsaron US$ 44.000 millones. Los más de US$ 11.000 millones restantes del préstamo no serán solicitados por Alberto Fernández, conforme a anuncios de autoridades, a menos que “el FMI tuviera otra visión y estuviese dispuesto a prestarle a Argentina para realizar inversiones públicas que permitan aumentar la capacidad productiva y del sector transable”. El año 2020 se presenta para Argentina con grandes desafíos en materia de compromisos. De acuerdo a la última planilla publicada por el FMI, el país debe hacer frente este año al pago de unos US$ 1941 millones en concepto de capital e intereses. Y solo hace unos días, la Cancillería dio a conocer que el Gobierno anterior dejó impagas deudas por US$ 150 millones a varios organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros.

Ley de emergencia económica en Argentina

Un par de semanas después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia de Argentina, en diciembre de 2019, fue presentada y aprobada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esta normativa declara emergencia pública en el país en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas. La referida ley de solidaridad y reactivación productiva implementada por el gobierno argentino tiene como objetivo incrementar las reservas en dólares, para renegociar la deuda externa, reactivar el sistema productivo del país y reducir la inflación.

Uno de los puntos contemplados en la normativa es el que fija el impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior. Además, se suspende por 180 días la movilidad jubilatoria. Sin embargo, Fernández ya decretó subas para las jubilaciones mínimas y anunció que en marzo aumentarán todos los haberes. También, se establece un nuevo esquema de retenciones y se aumenta el impuesto sobre bienes personales.

La normativa incluye un plan de regularización de deudas para las Pymes, se autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad.

Pero, ¿cómo estas medidas podrían impactar en Paraguay?

Se estableció el impuesto “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” por el término de cinco períodos fiscales, con alícuota de 30% a las siguientes operaciones:

i) Compra de billetes y divisas en moneda extranjera, incluidos cheques de viajero, para atesoramiento o sin un destino específico.

ii) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, se incluyen las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales.

iii) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito.

iv) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país.

v) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

Los efectos de estas medidas para el Paraguay se pueden clasificar en el corto y largo plazo.

En lo inmediato es de esperar que la cantidad de turistas que viajaban al país usando como medio de pago tarjetas de crédito o dólares recién adquiridos, disminuya. Sin embargo, en la medida que se genere un rezago en la cotización del dólar oficial, sobre el cual se calcula el tributo de 30%, y el dólar “blue”, podría mejorar la afluencia de turistas argentinos al país.

En el anterior cepo cambiario, el gobierno de Uruguay tomó medidas para aminorar la caída del turismo, por ejemplo, la devolución del IVA en gastos con tarjeta de crédito en hotelería y gastronomía; el reintegro de 10,5% de los montos abonados con tarjetas por concepto de alquiler; la extensión del “tax free” a los pasos fronterizos de Salto, Paysandú y Fray Bentos; y el otorgamiento de un vale por US$ 25 a quienes ingresaban a ese país en auto, el cual podrían canjear por combustible.

Si se consideran nuevamente los diferenciales que se pueden generar entre el dólar “blue” y el dólar turista, se pueden esperar presiones al alza en la cotización de la paridad cambiaria en el mercado interno, debido a la presencia de residentes argentinos adquiriendo las divisas en el país, para posteriormente venderlas en Argentina a la cotización del mercado negro, capturando así una renta cambiaria.

Contrabando hacia Paraguay

Asimismo, en la medida en que el dólar “blue” se incremente, ya sea por expectativas inflacionarias o por el endurecimiento de la restricción cambiaria, mientras que la paridad del tipo de cambio interno se mantenga estable, se agudizará el contrabando de mercancías al Paraguay, afectando tanto a los importadores de productos como a los establecimientos formales.

Otro impacto que se puede generar es la reducción en las remesas familiares. De hecho, durante el cepo cambiario anterior, las provenientes de Argentina disminuyeron desde US$ 20,7 millones (2012) hasta US$ 14,4 millones (2014). Cuando se puso fin al control cambiario (2015) se ubicaron en US$ 28,5 millones.

Paraguay tiene una oportunidad de captar capital extranjero, ya que las restricciones cambiarias implementadas en Argentina generan problemas para repatriar las ganancias de las empresas, lo cual puede ocasionar que se convierta en un potencial destino de estos capitales, más aún por la menor presión tributaria del Paraguay respecto a países de la región como Brasil y Uruguay.

La entrada de capital argentino al país puede generar incrementos de depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario; además, como se ha dado en otros países, puede llevar a inversiones inmobiliarias o agropecuarias, que podrían presionar al alza el valor de esas propiedades.

De hecho Uruguay en el pasado con el cepo cambiario de Argentina experimentó esa afluencia de inversiones y algo similar ocurrió en Panamá con el capital venezolano, que salió de dicho país debido a las férreas restricciones cambiarias.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva contempla otra disposición que impactaría en Paraguay como la referente a los derechos de exportación (retenciones). En este punto se dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar de retención, y se subieron los derechos de exportación para determinadas partidas arancelarias.

Con la Ley aprobada, los derechos de exportación quedarían de la siguiente manera: la soja pasará a tributar 33% en lugar de 30% sobre el valor imponible o del precio oficial FOB. Otros productos como el maíz y el trigo tendrán una tasa del 15% en lugar de 12%, los productos agroindustriales una tasa de 5% y la carne del 9%.

El principal proveedor de granos de soja para Argentina es Paraguay. En el año 2018 fueron exportadas a ese mercado 4,1 millones de toneladas y hasta noviembre de 2019 fueron enviadas unas 3,3 millones de toneladas del grano paraguayo. El arancel de 3% a las importaciones, el impuesto de 33% a la exportación de granos y el reciente acuerdo comercial entre China y Argentina para exportar harina de soja generarán desincentivos para la importación de soja paraguaya.

Un informe elaborado por el FMI sobre Paraguay refiere que dada la probabilidad de que el sector agrícola crezca con mayor lentitud que en el pasado, el crecimiento rápido solo continuará si otros sectores pueden progresar. Destaca que en Paraguay están comenzando a surgir nuevos sectores que venden en mercados del exterior, como las exportaciones de la industria manufacturera del régimen de maquila, pero que aún son reducidas. Además, remarca la necesidad de una mejora del clima de negocios y de los indicadores de gobernanza, condiciones que facilitarían la diversificación y el crecimiento de la productividad. Aunado a mejorar la infraestructura de transporte, el Estado de derecho y la calidad de la educación.

Por tanto, ante el nuevo escenario, Paraguay debe comenzar a diseñar políticas sobre esas y otras visiones para mitigar los impactos que tendrán indefectiblemente las medidas que vaya implementando el gobierno de Alberto Fernández. Como se ha descripto en esta edición, el mandatario debe hacer frente a un sinnúmero de problemas, los que, de no ser revertidos, podrían profundizar el debilitamiento de la economía argentina y afectar a las economías de la región como ya ocurrió durante el 2019.

*El Paraguay debe comenzar a diseñar políticas para mitigar los impactos que tendrán indefectiblemente las medidas que vaya implementando el gobierno de Alberto Fernández. El Mandatario debe hacer frente a un sinnúmero de problemas, que de no revertirse podrían profundizar el debilitamiento de la economía argentina y afectar a toda la región.

*Un informe del Fondo Monetario Internacional sobre las Perspectivas Económicas Mundiales señalaba que Argentina había sido uno de los países emergentes que “empujaron, en parte, el declive del crecimiento económico mundial proyectado para el 2019”. Solo entre los años 2021 y 2024 las perspectivas mejoran.

* Nuestro país tiene oportunidad de captar capital extranjero, ya que las restricciones cambiarias implementadas en Argentina generan problemas para repatriar ganancias de las empresas, lo cual puede ocasionar que se convierta en potencial destino de estos capitales, más aún por la menor presión tributaria del Paraguay respecto a Brasil y Uruguay.

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